Pedro Sánchez ha anunciado hace poco que quiere acabar con los chiringuitos universitarios por enésima vez. ¿Cuándo la educación se convirtió en un negocio? Pues cuando nos vendieron la moto del aprendizaje por competencias y el Plan Bolonia impuso como requisito obtener un Máster después del Grado para ejercer una profesión. Así de simple. Llevo años en contra del Plan Bolonia por haber deturpado el nivel de la educación superior y convertido la universidad en una expendeduría de títulos. Un dato: ya hay más estudiantes de posgrados privados que públicos. Primero mercantilizamos la educación y luego nos espantamos de que las universidades privadas proliferen como setas.
Esta batalla no es nueva (véase el fracaso del exministro Castells en 2021). Tampoco es reciente el auge de la educación privada, un negocio lícito siempre que juegue limpio y se atenga a reglas homologables para todo el sistema de educación superior. La ministra Morant se manifestó en tal sentido en EL PAÍS a principios de mes. El problema es que la sociedad post COVID-19 tiene demandas que no se están atendiendo porque la universidad pública vive en otro siglo. El problema es que la ANECA no sirve para nada. El problema es que hay universidades online que no tienen oficinas, ni investigación, ni profesorado a tiempo completo y operan como academias de enseñanza superior previo pago. ¿Cómo hemos llegado aquí? Intentaré responder en este post, añadiendo posibles soluciones que involucran también a la enseñanza pública.
1. Plan Bolonia: la educación gestionada como empresa
El cambio de modelo al aprendizaje por competencias de Bolonia, implicó una visión de la educación puramente empresarial. He impartido clase en ambos, coincidiendo con los estertores de los denominados planes a extinguir que se dejaban en el limbo un par de años para ayudar a los rezagados a obtener su título sin migrar al nuevo. Bajo palabrería al gusto de pedagogos posmodernos, Bolonia escondía un axioma: lo que antes se hacía en 4/5 años ahora se hace, salvo excepciones, en 4+1 (Grado+Máster) requiriendo pagos durante más tiempo y por conceptos peregrinos, como el TFG y el TFM (dado que aparecen como asignaturas, el alumno abona tasas por algo OBLIGATORIO para titularse). Consecuencia: simplificación de los Grados, Másteres a tutiplén, alta demanda, numerus clausus. Resultado: miles de estudiantes frustrados pensado ‘emosido engañado‘.
2. La respuesta: si pagas, entras (es el mercado, amigo)
Hace dos siglos, Marx descubrió que la excesiva demanda de algo incrementa su valor. Las universidades privadas clásicas (presenciales) respondieron diversificando su oferta, mientras la pública seguía durmiendo la siesta. Las dinámicas demográficas mutaron, Europa dejó de procrear y envejeció. La falta de relevo generacional es compensado por un nuevo perfil de alumno adulto con responsabilidades laborales que busca reciclarse, cambiar de sector o, en terminología de Bolonia, aprender toda la vida. ¿Qué hizo la pública? Seguir dormitando sin hacer apenas transferencia de investigación (una vía de ingresos) con horarios rígidos y desfasadas clases magistrales con PowePoint. La privada seguía allí sin más exigencias que una saneada cuenta bancaria.
3. La burbuja de los chiringuitos: ¡títulos para todos!
Las políticas liberales del PP inflaron el globo al arrullo del mantra aznarista España va bien. A nadie molestaba la barra libre de universidades (aunque ya había señales, como la insólita guerra UNIR/UR en La Rioja). Surgieron entidades sin sedes físicas, sin oferta de Doctorado ni investigación, centradas en titulaciones baratas de implementar y en posgrados con alta demanda (un caso claro estudiado en este blog es el Máster en Formación de Profesorado). La burbuja pinchó en 2022 con escándalos como el de la Universidad Isabel I, pero ya antes, durante la pandemia de COVID-19 quedó patente la tensión entre inmovilismo público y golosos nichos privados, de la que alerté en este blog. Llegamos así a una orgía de autorizaciones educativas (Madrid lidera el ránking con 13 universidades privadas) y a las academias que reparten títulos (de 6.000 a 7.500 euros por curso de media), pues Bolonia los exige sin importar dónde, cómo y a qué precio. Otro ejemplo: la Escuela EAE publicitó un Máster como oficial sin serlo y 700 egresados planean una demanda colectiva por adelantar hasta 10.000 euros sin ver nunca sus diplomas. La titulitis española en su apogeo. Nadie se hace cargo. En medio, el sufrido estudiantado paga (caros) los platos rotos.
5 soluciones para eliminar chiringuitos universitarios
Por supuesto, no todas las universidades privadas incumplen la ley, ni ofrecen morralla ni pagan mal a su profesorado (aunque alguna ha hecho un ERE). De hecho, si la ANECA funcionase bien, no tendríamos este panorama. La labor fiscalizadora del Gobierno debería centrarse en inhabilitar a las que no alcancen unos mínimos y reordenar la situación. Para evitar nuevas burbujas, mi propuesta es la siguiente:
- Examen de habilitación nacional a los egresados de universidades privadas, para reducir la sobredemanda y eliminar agravios comparativos respecto a la pública.
- Exigencia de Programas de Doctorado y producción de investigación para operar como universidad, con obligación de presentar resultados cada lustro. Más allá del número de alumnos (la reforma en ciernes exige 4.500), una universidad que no investiga es una escuelita.
- Supervisión a las universidades católicas, vigilando que no reciban fondos públicos y que mantengan un nivel de exigencia homologado.
- Plan nacional para la hibridación de la enseñanza universitaria pública. Creación de Campus virtuales y contratación de tutores de apoyo telefónico para desarrollar un sistema mixto (presencial/online) que cubra eficazmente las necesidades del nuevo perfil de alumnado y diversifique la oferta existente (Formación Continua, MOOC’s, Formación Abierta, Formación Senior).
- Incremento de la inversión pública en I+D, al 3% del PIB (actualmente es del 1,49%).
- Optimización del sistema de becas y ayudas al estudio, premiando la excelencia y captando los mejores expedientes en primer término para la universidad pública y luego, si es su deseo, para la privada.
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